Redacción Argenports.com
Accionistas y directivos de NRG Argentina, la misma que a mediados de 2020 dispuso la compra de 100 camiones propulsados a GNC para proveer arenas de fractura a los pozos petroleros de Vaca Muerta, fueron procesados en una causa de contrabando por una supuesta sobrefacturación de importaciones.
La medida fue pedida por el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay.
El juez dictó una serie de embargos e inhibición general de bienes para todos los acusados y las sociedades que tiene NRG Argentina y Marull Heavy Equipment, en la causa donde también fue procesada la despachante de Aduana Karina Cantafio al ser considerada como supuesta partícipe.
La información tomó estado público unos días atrás cuando el diario Clarín reportó la situación con detalles.
Para realizar el embargo de 92 millones de dólares, el juez se basó en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, el mismo que utilizó la Justicia de Estados Unidos para embargar al avión venezolano-iraní que había aterrizado en Ezeiza durante el año pasado.
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A través de un comunicado, la Aduana destacó que este caso se trata del “primer precedente en el que gracias al intercambio de información tributaria con Estados Unidos se probó una maniobra de sobrefacturación de importaciones y se rastreó el flujo de dinero excedente que terminó liquidado en una sociedad de bolsa local”.
Entre los directivos y accionistas embargados, quienes negaron en su totalidad la acusación, se encuentran Oscar Darío Guercio y Damián Strier, ambos de NRG, mientras que por el lado de Marull Heavy Equipment LLC está Pablo Marull, que se desempeña como director. Además, quedó procesada la mencionada despachante de Aduana Karina Cantafio.
El fiscal indicó que en la aduana extranjera se declararon 24 exportaciones por más de 17,3 millones de dólares, mientras que en las aduanas de Campana y San Antonio Oeste se declararon esos envíos de más de 100,4 millones de dólares. Una diferencia de 83 millones de dólares.
Cabe recordar que a mediados del año pasado el predio de la compañía en Allen fue allanado de manera sorpresiva por personal de Gendarmería y de la AFIP, vinculado a la causa por la que se procesó recientemente a sus directivos.
En el operativo se labraron actas y se le solicitó información a la empresa respecto a los equipos, mientras que el marzo pasado se realizaron nuevos allanamientos en Buenos Aires por agentes de la Aduana y personal de Gendarmería.
Uno de los domicilios fue el de Allaria Ledesma, una firma de Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) que opera en el mercado local y donde medios nacionales señalaron que se secuestró documentación vinculada con la operación económica y financiera «fundamental» para la causa.