“Antes de hablar de extender la concesión, el concesionario debe ponerse al día con sus obligaciones de inversión”, señalan en el gobierno provincial.
Al igual que sus antecesores al frente de la Casa Gris, Maximiliano Pullaro no pudo esquivar el conflicto en el puerto de Rosario, pero decidió cambiar la estrategia: el gobernador pasó al ataque y sus funcionarios hacen saber que están dispuestos a rescindir el contrato amparados en los incumplimientos de Terminal Puerto Rosario SA, la empresa concesionaria.
La terminal portuaria rosarina está en manos de la sociedad que componen la malograda cerealera Vicentin y la chilena Ultramar, un jugador logístico de primer nivel mundial. Los trasandinos adquirieron el 30% de las acciones de Terminal Puerto Rosario en 2012 y se mantuvieron como socios minoritarios del gigante santafesino hasta su caída en 2020, cuando aprovecharon el río revuelto para asumir el control de la sociedad.
El rol de TPR como concesionario está en el ojo de la tormenta. La discusión entre los sucesivos gobiernos provinciales y el privado, que se pelean por ver quién tiene que hacerse cargo de las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura del puerto, protagonizó la agenda fluvial rosarina en los últimos años. TPR dice estar dispuesta a hacerse cargo pero pretende a cambio una extensión de la concesión que vence en 2032, mientras que la política enumera incumplimientos y no quiere ceder. En el medio, los muelles se acercan al punto de la inoperabilidad.
El problema con el que se enfrenta la Casa Gris es heredado. La cuestión portuaria atravesó toda la gestión de Omar Perotti desde el momento en el que el peronista descartó el acuerdo que había dejado preparado para su aprobación la administración de Miguel Lifschitz. Según ese principio de entendimiento, TPR aportaría US$25 millones para obras de infraestructura -se necesitaba una inversión de US$66 millones, según el análisis que hacía el propio Ente Administrador del Puerto Rosario- a cambió de obtener 25 años de concesión.
El trato nunca se concretó porque el gobierno de Perotti lo consideraba poco conveniente y tuvo una relación tortuosa con TPR. La Casa Gris, por esa época, avanzó sacándole la silla en el ENAPRO que siempre tuvieron Vicentin y Ultramar. La cumbre de esa tensión fue el paro de estibadores que frenó toda la actividad portuaria durante casi un mes y tuvo escenas directamente de violencia en toda la ciudad. La sospecha era que Vicentin, que todavía tenía el control de TPR bajo su órbita, azuzaba el conflicto para usarlo en su disputa con el gobierno provincial.
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La cuestión amainó cuando los chilenos decidieron hacer valer su mayoría accionaria y ponerse al frente de TPR, a principios de 2023. Ayudó también la temporada electoral: todo quedó en stand by hasta saber quién sería el próximo gobernador. A la luz de los hechos, el cambio de gobierno no favoreció al concesionario, ya que el diagnóstico del equipo de Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, es incluso peor que el de sus antecesores. No es para menos: de los tres muelles concesionados, dos están clausurados por socavones.
Las críticas al modo deficiente de llevar el negocio de TPR no se terminan con la cuestión edilicia. En el gobierno provincial hablan de otros incumplimientos contractuales, como una altísima deuda por el canon y multas y hasta un juicio de ejecución iniciado por la Municipalidad de Rosario por tasas impagas. Apuntan también a cierta modorra a la hora de atraer clientes: “Solo tienen una persona encargada de lo comercial y eso se termina reflejando en que casi ninguno de los exportadores de la provincia sale por Rosario”, señalan en la Casa Gris.
Con Unidos para Cambiar Santa Fe ya en el gobierno, TPR volvió a la carga para lograr una extensión del contrato vigente. Para darle un marco de seriedad al intercambio, Ultramar puso al frente de la empresa concesionaria a Fernando Reveco, mano derecha del líder del holding Richard Von Appen. Reveco, además de asumir como presidente de TPR, es gerente corporativo de desarrollo de toda la firma chilena. El gesto fue leído como una demostración de parte de Ultramar, cuyo interés en el puerto de Rosario venía siendo puesto en tela de juicio.
A cambio de obtener una extensión en el período de concesión, Ultramar le ofreció al gobierno provincial una inversión de US$275 millones para acondicionar los muelles y las vías navegables, lo que significaría el desembolso más grande en la historia del puerto de Rosario. Sin embargo, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía: la propuesta fue mirada de costado por la Casa Gris, que no la termina de creer. "No está en la agenda del gobierno hablar de extensión de contratos, sino hablar del cumplimiento del contrato vigente", fue la lacónica respuesta pública de Puccini.
Para ganarse la confianza del gobierno provincial, Ultramar dice tener negociaciones confidenciales con empresas mineras decididas a invertir tras la aprobación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, que estarían interesadas en exportar su producción a través de Rosario, lo que elevaría exponencialmente el flujo de cargas. Otra vez, en Desarrollo Productivo son cautelosos para evitar caer en cantos de sirenas: “Que lo traigan por escrito, con alguna prueba”, dicen.
Hay algo que es cierto: Ultramar es socia de ATCO, un gigante canadiense multifacético, con intereses en distintas áreas entre las que se cuentan la infraestructura energética y la industria minera, específicamente del cobre. En 2018, ATCO desembolsó US$340 millones para quedarse con el 40% de las acciones de Neltume Ports, la operadora de puertos mediante la cual Ultramar controla, entre otras veinte terminales en cinco países, el puerto de Rosario. Algunas fuentes señalan que es ATCO la interesada en usar la terminal santafesina para exportar el cobre que produce.
En el gobierno provincial se muestran duros. “Antes de hablar de extender la concesión, el concesionario debe ponerse al día con sus obligaciones de inversión”, dice Puccini a quien quiera oír. No quieren mostrarse débiles en la negociación. Están al tanto de que, por ejemplo, Ultramar hace saber que el tiempo juega a su favor, porque -sin reforma constitucional- Pullaro termina su mandato en 2027 y la concesión recién en 2032, por lo que no tienen problema en esperar que pase otro gobierno como hicieron con el de Omar Perotti.
En esta especie de batalla naval minada de intereses, la Casa Gris tampoco se queda atrás: avisó que está dispuesta a rescindir la concesión por los sucesivos incumplimientos y que ya tiene un equipo trabajando en un pliego internacional para licitar cuanto antes. Algunos operadores ya juegan a postular candidatos que se hagan cargo del puerto de Rosario, aunque ninguno de la talla de Ultramar. Sin embargo, para eso el gobierno provincial tiene una respuesta: dicen que, si los chilenos son “el mejor equipo del mundo, en Rosario tienen a todo el plantel lesionado”.
Fuente: Lucio Di Giuseppe / Letra P
Bahía Blanca / Buenos Aires / Argentina
