Un informe del CEPA asegura que el proyecto del Canal Magdalena beneficiará al país

Redacción Argenports.com

   La realización del proyecto del Canal Magdalena posee la capacidad de transformar la geografía económica de la Argentina y reafirmar la soberanía sobre las vías navegables, lo cual permitirá al país tener autonomía para el comercio exterior, según un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

   Se trata de una iniciativa que el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, confirmó en mayo último, con el objetivo de acaparar a los puertos argentinos una mayor cantidad de los servicios a los barcos que actualmente presta Uruguay.

   “Se hace necesaria una obra de dragado de profundización, ensanche y balizamiento que permita su utilización como vía de navegación para el transporte fluvial”, plantea el CEPA en su informe.

   En este sentido, elaboró un análisis donde muestra la importancia en el avance y desarrollo de la obra, detallando los beneficios tanto a nivel económico como de navegación.

   También te puede interesar: Canal Magdalena: ¿por qué no comenzó el dragado y qué consecuencias tiene?

   “En términos geoestratégicos, el Canal brinda una salida directa al mar y mejora la conectividad fluviomarítima, lo cual contribuye a la integración al mundo, y posibilita la consolidación de la Argentina Bicontinental y la conexión de los espacios nacionales marítimos continentales, insulares y antárticos”, sostiene el estudio.

   Asimismo, se advierte que el Canal Punta Indio es actualmente la única vía de ingreso y egreso a los puertos de los ríos de la Plata, Paraná y Uruguay, lo que implica que los buques que parten de un puerto argentino a otro puerto argentino deben pasar por aguas de uso común y solicitar autorización de una autoridad marítima extranjera para transitar.

   “El Canal Magdalena, en cambio, permite una autonomía para el comercio exterior de nuestro país, al habilitar un recorrido fluvial sin condicionamientos externos hasta la salida al mar, al tiempo que permitirá a las embarcaciones de cabotaje realizar un recorrido completo por aguas de administración nacional entre puertos argentinos”, se indica en el documento.

   Al detallar los beneficios, el CEPA destacó que el Canal Magdalena mejorará “los tiempos de navegación absolutos entre un 4% y 10% para el tráfico del norte y un 80% para el tráfico del sur y generaría al sistema de navegación nacional entre US$ 85 millones y US$ 89 millones de ahorro anual”.

   “La utilización de ese canal promoverá también mejores condiciones de seguridad para el transporte fluvial y menores costos de cabotaje y de mantenimiento”.

   En el informe además se contempla el fortalecimiento de economías locales y el ingreso de divisas al país, como resultado de la provisión de servicios a los buques que se brindan desde Uruguay.

   “El beneficio económico de un potencial traslado de servicios para buques que utilicen el Canal Magdalena se estima en US$ 154 millones en el escenario más optimista y US$ 60 millones, por año, en el caso más moderado”, estimó el CEPA.

   En un cálculo lineal de ahorros generados por la mejora en la navegación y los ingresos en dólares vinculados con la eventual captación de servicios a los buques, el canal tiene un potencial para generar entre US$ 145 millones y US$ 243 millones por año, concluye el estudio.

   El Canal Magdalena se encuentra ubicado al sur del Canal Punta Indio, y presenta mayor cercanía a la costa argentina.

   Por su nivel de profundidad actual el canal impide que los buques lo utilicen como vía de acceso a los puertos del Río de la Plata, el Río Paraná y el Río Uruguay.

   Esto genera que aquellos buques de bandera nacional que parten de un puerto fluvial argentino hacia otro del litoral marítimo argentino deben pasar por aguas de uso común, cuyo tráfico lo administra Uruguay.

   Para el CEPA, las condiciones técnicas para avanzar con la construcción del Canal Magdalena ya están dadas porque se cumplió con la confección de los pliegos licitatorios, las instancias de participación ciudadana que marca la normativa y las consultas a nivel internacional que exigen los acuerdos suscriptos por el Estado Argentino.