Por Mónica Litza (*)
(*) Presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud

Nadie puede oponerse a revisar normas que hayan quedado obsoletas ni a buscar mayor eficiencia logística. La competitividad de nuestros puertos es un objetivo compartido.

Pero cuando se modifican actividades críticas para la navegación, las decisiones deben sustentarse en evidencia técnica y no solamente en criterios económicos.

El practicaje no es únicamente un costo dentro de la cadena logística; constituye un componente del sistema de seguridad marítima.

Los puertos son infraestructura estratégica. Un accidente en un canal de acceso, un derrame de hidrocarburos o la interrupción de una vía navegable generan costos infinitamente superiores al ahorro que pudiera obtenerse mediante una desregulación apresurada.

Argentina posee uno de los sistemas de navegación más complejos del mundo: Río de la Plata, Paraná, canales de acceso, puertos petroleros, terminales de contenedores y cargas peligrosas.

La experiencia local y el conocimiento específico de cada zona continúan siendo un activo estratégico.

La discusión tampoco puede reducirse a una cuestión laboral. Debe incorporar la mirada de la Prefectura Naval, de los prácticos, de los armadores, de las terminales, de las provincias portuarias, de los exportadores y de toda la comunidad marítima.

La seguridad de la navegación también es protección ambiental. También es protección del comercio exterior. También es defensa de la infraestructura crítica. Y también es ejercicio efectivo de soberanía.

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