Por Redacción Argenports.com
Puerto Quequén atraviesa una de las mayores crisis institucionales de su historia reciente. En medio de un proceso clave para definir autoridades y avanzar con la concesión de la terminal, un sector del directorio impulsó una autoconvocatoria para designar cargos y tomar decisiones estratégicas sin aval legal, desatando acusaciones de maniobra irregular, tensiones políticas y pedidos formales para que la provincia intervenga el consorcio.
Lo que para algunos constituye un intento de reconfigurar el control del puerto por fuera de los mecanismos previstos, para otros configura directamente un “quiebre institucional” que amenaza la gobernabilidad operativa de ese polo exportador bonaerense.
La maniobra que desató el conflicto
El 9 de diciembre, un grupo de directores del Consorcio de Gestión se autoconvocó para tratar tres puntos críticos:
- Designación de un presidente interino,
- Nombramiento de un gerente general,
- Situación del “Elevador N° 4”, uno de los activos estratégicos del puerto.
La reunión, realizada sin la autorización de la provincia —única facultada para designar a la presidencia según la normativa vigente—, fue calificada como “ilegal” por fuentes oficiales bonaerenses. Cualquier resolución tomada en ese ámbito sería considerada inválida.
Entre los puntos más cuestionados aparece el eventual nombramiento de Pablo Aued como gerente general, figura sin antecedentes técnicos en materia portuaria y vinculada políticamente a sectores ligados a Terminal Quequén S.A, según señalaron medios de Necochea.
Acusaciones de “golpe institucional”
Organizaciones gremiales, referentes sociales, actores políticos y miembros del directorio advirtieron que la maniobra constituye un intento de apropiación del consorcio, con el objetivo de influir en la conducción y en la concesión de la terminal.
En declaraciones públicas, algunas organizaciones denunciaron un “golpe de Estado institucional”, señalando que un grupo de intereses privados estaría buscando tomar el control del puerto mediante mecanismos irregulares.
Los reclamos ya escalaron al plano provincial, donde se evalúa intervenir el consorcio para garantizar el funcionamiento normal de la administración portuaria.
Gobernabilidad en riesgo y acefalía prolongada
El conflicto se produce tras la renuncia de la expresidente del consorcio, Jimena López, hecho que dejó a la conducción del puerto en estado de acefalía.
Desde entonces, el organismo opera sin una figura presidencial designada por el gobernador, lo que abrió el espacio para disputas internas y tensiones entre sectores privados y el Estado provincial.
A ello se suma que el consorcio debe avanzar con definiciones cruciales sobre la concesión de la terminal, proceso que requiere plena legitimidad institucional para evitar impugnaciones futuras y garantizar reglas claras a los operadores y exportadores.
Riesgos operativos y económicos
La incertidumbre generada por la crisis institucional ya genera preocupación entre exportadores, cooperativas y operadores logísticos.
Un puerto sin conducción clara puede enfrentar:
- Demoras en decisiones operativas,
- Dificultades en la coordinación de embarques,
- Pérdida de confianza por parte de los usuarios,
- Complicaciones en el proceso licitatorio de la terminal.
Para un nodo exportador clave como Quequén —uno de los más importantes del país para granos y subproductos—, la gobernabilidad no es un detalle: es una condición esencial para asegurar regularidad en las cargas y eficiencia logística.
Qué puede suceder en las próximas horas
La provincia analiza los pasos a seguir y no descarta:
- Declarar nula toda resolución surgida de la autoconvocatoria,
- Tomar medidas administrativas para restablecer la conducción formal,
- Avanzar en una intervención parcial o total del consorcio si se confirma la irregularidad.
Mientras tanto, sectores portuarios, políticos y sindicales mantienen la presión para que el conflicto se resuelva con rapidez, ante el riesgo de que la crisis afecte la campaña agrícola y los compromisos operativos del puerto.
