Por Redacción Argenports.com

El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno avanzará con una reforma del régimen de cabotaje argentino, una iniciativa que busca modificar las reglas del transporte de cargas y pasajeros entre puertos nacionales y que forma parte del paquete de desregulaciones que el Poder Ejecutivo pretende impulsar durante el segundo semestre.

El anuncio fue realizado durante el discurso que el mandatario pronunció en la inauguración de la 138ª Exposición Rural de Palermo, donde adelantó: “Estamos enviando al Congreso una ley que modifica el régimen de navegación de nuestro país, un antiguo reclamo de las provincias del norte”.

Además, sostuvo que, junto con la nueva licitación de la Hidrovía, su expansión y la habilitación de nuevos puertos privados, la iniciativa permitirá “abaratar drásticamente el costo del flete”, especialmente para los productores más alejados de los principales corredores fluviales.

Durante su exposición, Milei afirmó que la reducción de los costos logísticos para los productores del norte equivaldrá aproximadamente a una baja de ocho puntos de retenciones, mientras que también destacó el impacto que tendría sobre la industria forestal y otras economías regionales.

“Esto federaliza el comercio. Se termina la Argentina que dependía exclusivamente de que todo pasara por el puerto de Buenos Aires o de Rosario”, argumentó.

Qué cambia la reforma

El proyecto contempla modificaciones al Decreto-Ley N.º 19.492/44, norma que regula el cabotaje nacional, y propone habilitar que buques de bandera extranjera puedan realizar transporte entre puertos argentinos mediante autorizaciones temporarias.

La iniciativa también flexibiliza las condiciones para la integración de las tripulaciones. Durante los primeros 90 días de operación no sería obligatorio contar con personal argentino, mientras que posteriormente se aplicaría un esquema gradual hasta alcanzar un mínimo del 75% de tripulación nacional al cabo de un año.

Otro de los puntos centrales elimina los aranceles para importar buques nuevos o de hasta 20 años de antigüedad, con el objetivo de ampliar la disponibilidad de embarcaciones y fortalecer la capacidad del transporte fluvial y marítimo.

El objetivo del Gobierno

Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma permitirá incrementar la competencia, ampliar la oferta de servicios y reducir los costos logísticos que hoy afectan tanto al comercio interior como a las economías regionales.

La visión oficial es que la actual flota de bandera argentina no alcanza para cubrir toda la demanda del mercado, lo que limita las alternativas de transporte y encarece el movimiento de mercaderías entre puertos nacionales.

Bajo esa lógica, una mayor participación de embarcaciones disponibles permitiría mejorar la eficiencia del sistema logístico y potenciar la actividad portuaria.

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El sector naviero reclama una reforma integral

La iniciativa comenzó a generar repercusiones dentro de la actividad marítima.

Desde la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) señalaron que existe consenso sobre la necesidad de reducir los costos logísticos, ampliar la flota disponible y modernizar la marina mercante, aunque sostienen que la apertura del cabotaje debería integrarse dentro de una reforma logística integral.

Según fuentes del sector, antes de avanzar con una mayor apertura del mercado deberían corregirse las asimetrías laborales, fiscales, portuarias, registrales, de estiba y administrativas que hoy afectan la competitividad del transporte marítimo argentino.

También recuerdan que buena parte de los países con litoral marítimo mantiene reservado el cabotaje para embarcaciones de bandera nacional al considerar a la marina mercante un activo estratégico para la seguridad económica y la resiliencia logística.

Las advertencias sobre el impacto estratégico

El debate también comenzó a incorporar una mirada geopolítica.

Especialistas en transporte marítimo consultados por Noticias Argentinas advirtieron que una eventual apertura del cabotaje sin mecanismos de reciprocidad ni controles suficientes sobre el origen de los operadores podría favorecer una mayor participación de empresas extranjeras en una actividad considerada estratégica.

Entre los antecedentes mencionan el crecimiento de inversiones de compañías estatales chinas en infraestructura portuaria de América Latina, como el puerto de Chancay, en Perú, operado por COSCO Shipping, un desarrollo seguido con atención por Estados Unidos debido a su importancia geopolítica.

En paralelo, desde la Liga Naval Argentina también expresaron preocupación por los cambios que el proceso de desregulación podría incorporar en otras actividades vinculadas con la navegación, como el régimen de practicaje, al considerar que se trata de un servicio esencial para la seguridad de la navegación.

Un debate que recién comienza

La reforma del cabotaje aparece como una de las iniciativas con mayor impacto potencial sobre el sistema marítimo y fluvial argentino.

Su eventual aprobación modificaría reglas vigentes desde hace décadas para el transporte entre puertos nacionales y abriría una discusión que excede el plano estrictamente económico, al involucrar cuestiones vinculadas con la competitividad logística, la marina mercante, el desarrollo portuario y la seguridad estratégica.

Mientras el Gobierno sostiene que la flexibilización permitirá bajar costos y mejorar la eficiencia del transporte, empresas, especialistas y entidades del sector ya comenzaron a plantear interrogantes sobre el alcance de la reforma y la necesidad de acompañarla con cambios estructurales más amplios, un debate que promete intensificarse a medida que el proyecto avance en el Congreso.