Por Redacción Argenports.com
Un duro conflicto sindical mantiene fuera de actividad a 113 buques langostineros y paraliza la principal cadena exportadora de la pesca argentina.
Las pérdidas estimadas ya superan los USD 200 millones, mientras más de 5.000 trabajadores permanecen sin cobrar los premios por producción que constituyen la mayor parte de sus ingresos.
La disputa enfrenta a las cámaras empresariales y a los gremios de marinería, principalmente el SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) y el Simape, por la falta de actualización del convenio colectivo firmado en 2005, que establece una remuneración variable en función de un precio de referencia hoy completamente desfasado.
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Una fórmula salarial que quedó vieja
El corazón del conflicto está en los premios por productividad, que desde hace casi dos décadas se calculan en base a un valor fijo de USD 12 por kilo de langostino. Sin embargo, el mercado internacional paga hoy en promedio USD 5,5, lo que vuelve insostenible la operación de la flota congeladora, según denuncian las cámaras empresarias.
“La situación es crítica. Con estos costos, es imposible salir a pescar”, remarcan desde la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA), acompañada por Capip y CEPA, las otras dos grandes entidades del sector.
Acuerdo parcial con capitanes, pero sin avances con marineros
El viernes pasado, los empresarios lograron un acuerdo con la Asociación de Capitanes de Pesca, que agrupa a un sector reducido y mejor remunerado. El paso fue valorado como positivo, pero insuficiente.
“Aspiramos a que la marinería también se siente a negociar con racionalidad. Hay más de 5.000 familias en juego”, señaló Eduardo Boiero, titular de CAPECA, en declaraciones que reprodujo Infobae.
Lejos de ceder, el SOMU intensificó sus acciones y marchó a Plaza de Mayo bajo la consigna “No a la baja”, rechazando cualquier modificación al convenio.
Además, presentó un petitorio al presidente Javier Milei, exigiendo una batería de medidas fiscales para aliviar los costos del sector, como rebaja de retenciones, eliminación del impuesto a los combustibles y exenciones en los aportes sociales. Pero ni una palabra sobre tocar el acuerdo salarial.
Impacto social y económico
El conflicto ya golpea de lleno a Mar del Plata, Puerto Madryn, Puerto Deseado, Rawson y Ushuaia, ciudades con fuerte dependencia de la actividad pesquera.
El langostino es, por volumen y valor, el producto estrella del sector: en 2017 superó los USD 1.000 millones en exportaciones, aunque hoy esa cifra cayó a USD 600 millones anuales.
La falta de faena ya redujo en un tercio ese potencial exportador. En paralelo, miles de marineros apenas perciben el sueldo básico, cercano a $500.000 mensuales, muy por debajo de los $10 millones brutos que algunos podrían ganar en plena temporada.
Propuestas, tensiones y una salida bloqueada
Las cámaras plantearon vincular los premios por productividad al precio dinámico que publica la Aduana, con el objetivo de reflejar las condiciones reales del mercado. Ese criterio fue aceptado por los capitanes, pero aún genera resistencia entre los marineros.
El sector privado advirtió que, si no se modifica el esquema, la operación de la flota es inviable.
Además, el documento que presentaron en la Secretaría de Trabajo destaca que el ajuste impactaría sobre el 5% de mayores ingresos del país, con una media de solo 5 a 7 meses de trabajo efectivo al año.
Pero el clima es cada vez más tenso. El SOMU advirtió en el Congreso sobre el riesgo de incidentes en ciudades pesqueras y, según trascendió, el gobernador de Chubut habría financiado micros para que manifestantes viajen a Buenos Aires, buscando contener posibles desbordes en la provincia.
Mientras las partes no se muevan, el conflicto seguirá inmovilizando barcos, frenando exportaciones y dejando sin ingresos a miles de familias. La pesca, uno de los motores de las economías regionales argentinas, se enfrenta a un paro técnico con final abierto.