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Más problemas para Terminal Puerto Rosario: enfrenta un juicio millonario con el municipio

El concesionario controlado por Ultramar y Vicentin litiga desde 2018 con la Municipalidad de Rosario por el pago del Derecho de Registro e Inspección. Ya tuvo dos fallos en contra y la Corte santafesina debe resolver.
Terminal Puerto Rosario, controlada por Ultramar y Vicentin, enfrenta un juicio millonario con la Municipalidad de Rosario por el pago del Derecho de Registro e Inspección. Ya recibió dos fallos en contra y ahora espera la definición de la Corte santafesina.
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Por Redacción Argenports.com

El panorama de Terminal Puerto Rosario (TPR) vuelve a complicarse. A la presión del gobernador Maximiliano Pullaro, que frenó las negociaciones para extender la concesión hasta que se concreten obras de infraestructura, ahora se suma un pleito judicial con la Municipalidad de Rosario que puede derivar en una deuda millonaria.

Un pleito que se arrastra desde 2018

La disputa comenzó en 2018, cuando el municipio intentó cobrarle a TPR el Derecho de Registro e Inspección (DReI) correspondiente a más de cuatro años de actividad. La empresa se negó a pagarlo con el argumento de que, al operar dentro del puerto, solo está sujeta a autoridades nacionales y que el municipio no le presta servicios directos que justifiquen el tributo.

La administración local rechazó ese planteo y fijó la deuda en más de 19 millones de pesos de aquel momento, sin contar intereses. Incluso incluyó a los directores de la firma como responsables solidarios. Desde entonces, el caso avanzó en la justicia con fallos adversos para TPR en primera y segunda instancia.

Fallos adversos y panorama complicado

Según el medio Letra P, la empresa elevó un recurso a la Corte Suprema de Santa Fe, donde espera resolución. Sin embargo, el procurador ya dictaminó en contra de la posición de TPR, lo que anticipa un panorama desfavorable.

El conflicto se enmarca en un escenario complejo: la concesionaria, que administra la terminal desde hace 15 años, acaba de anunciar una inversión de 30 millones de dólares para refaccionar muelles, pero todavía no consiguió que la provincia le garantice una extensión de la concesión que vence en 2032.

De confirmarse la sentencia en su contra, la deuda con el municipio se transformaría en un golpe fuerte para la empresa y, al mismo tiempo, en un antecedente clave que reforzaría el cobro de tasas locales a concesionarios portuarios en otros puntos del país.

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