Por Redacción Argenports.com
Mediante una resolución que lleva la firma de Franco Mogetta, secretario de Transporte, el gobierno nacional dispuso crear la denominada Comisión de Armonización Normativa de Puertos y Vías Navegables.
Tendrá por objetivo elaborar y proponer modificaciones para desregular y modernizar el transporte fluvial, procurando, por ejemplo, armonizarlo con el de otros países del Mercosur, entre otros objetivos.
Según la disposición, deberá “estudiar, elaborar y proponer modificaciones y/o nuevas reglamentaciones al decreto-ley 19492 del 14 de agosto de 1944 y a las leyes 20094, 27419 y a cualquier otra normativa que se considere necesaria para dar cumplimiento a lo establecido por el decreto de necesidad y urgencia 70 del 20 de diciembre de 2023”.
Además, se estableció que será con carácter ad hoc y sus integrantes actuarán ad honorem, funcionando en el ámbito de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
En ese marco, se designó coordinador, con carácter ad honorem, al doctor Cristian Luis Rigueiro –quien en la anterior administración nacional se venía desempeñando como jefe de Gabinete de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
Rigueiro será precisamente quien determine la organización y funcionamiento interno de la flamante comisión.
En los considerandos, la resolución señala que por el decreto – ley 19492 del 14 de agosto de 1944 se establecieron las disposiciones aplicables a la navegación y el comercio de cabotaje nacional y que por la ley 20094 se rigen todas las relaciones jurídicas originadas en la navegación por agua en el territorio de la República Argentina.
Además, se señaló que a través del artículo 1° de la ley 27419 se establecen los objetivos para el desarrollo de la marina mercante nacional y la integración fluvial regional, entre los que se enumeran: “Fomentar la integración regional en las áreas de influencia de los ríos Paraguay y Paraná, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay Paraná, así como del río Uruguay y los espacios marítimos” (inciso a) y “El desarrollo y crecimiento sustentable de la flota mercante de bandera nacional, mediante el mejoramiento de su competitividad y el aumento de la demanda de fletes más económicos” (inciso b).
“El decreto de necesidad y urgencia 70 del 20 de diciembre de 2023 establece que el Estado Nacional promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo” y que para cumplir ese fin, se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda.”
Los considerandos señalan además que para lograr el desarrollo organizado de la explotación de los servicios portuarios y la actividad comercial desarrollada en las vías navegables de jurisdicción nacional, bajo los principios de eficiencia, seguridad y economía, de acuerdo con la legislación vigente y las recomendaciones internacionales, se requiere la participación de diferentes actores con competencias y responsabilidades primarias sobre la materia.
“Dicha participación permitirá armonizar y compatibilizar los criterios en cuestiones portuarias y de transporte fluvial, al aportar conocimientos técnicos y enriquecer el análisis y acciones desde una visión multidisciplinaria del sector público y el privado a los efectos de coadyuvar a la seguridad en el transporte de que se trata.
“Que, a fin de asegurar los cometidos tenidos en cuenta al dictar el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, es necesaria la creación de una comisión especial que permita la debida discusión entre los actores que posibilite la propuesta de reglamentaciones surgidas del consenso técnico y normativo, teniendo en consideración la relevancia que reviste el transporte fluvial.